El panorama del conteo en la segunda vuelta electoral se mantiene en máxima tensión. En una resolución determinante, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 ha concedido el recurso de apelación presentado por la agrupación Juntos por el Perú (JPP) respecto a su solicitud para anular 1,751 mesas de sufragio ubicadas en Lima Metropolitana.
Esta decisión marca el inicio de una nueva etapa procesal y traslada la disputa legal directamente a la cancha del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que revisará el expediente y tendrá la palabra definitiva.
Subsanación del requisito económico
El camino para que este recurso sea admitido tuvo un tropiezo inicial. En un primer momento, el pedido de nulidad masiva fue declarado improcedente "de plano" debido a una omisión procedimental: la agrupación política no había adjuntado el comprobante original del pago de la tasa electoral. Pagar por cada mesa impugnada es un requisito de forma ineludible según la norma electoral peruana.
No obstante, al haber subsanado este impedimento y demostrar el abono de la tasa, el JEE determinó que se cumplían los criterios formales para elevar la apelación. Esto asegura que las autoridades superiores evalúen los argumentos y evidencias de fondo.
El impacto matemático en una elección ajustada
La trascendencia de este bloque de impugnaciones no tiene precedentes recientes por su enorme magnitud. Las 1,751 mesas de sufragio que el partido busca excluir del cómputo oficial representan un bolsón de aproximadamente medio millón de votos.
Si tomamos en cuenta que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha venido reportando márgenes sumamente estrechos —como diferencias menores a los 2,000 votos al 98.27% del escrutinio oficial—, el destino de este paquete de actas tiene el potencial matemático de definir la elección.
Estrategia dual: Litigio y movilización ciudadana
El análisis del escenario actual demuestra que Juntos por el Perú está aplicando una estrategia que opera simultáneamente en dos frentes de alta intensidad:
- El frente jurídico: Desplegando a sus equipos legales para sostener recursos de apelación contra las resoluciones de primera instancia, no solo en Lima, sino también cuestionando mesas en el extranjero.
- El frente político-social: La agrupación política, bajo el liderazgo de Roberto Sánchez, no ha dejado la resolución únicamente en manos de los magistrados. Han convocado a la ciudadanía a marchas y movilizaciones públicas (como las proyectadas en el Campo de Marte), denunciando irregularidades y exigiendo la "defensa del voto".
Lo que se espera de la decisión final
Es fundamental aclarar que el pase a segunda instancia no significa que JPP tenga la razón ni que los votos estén anulados. El Pleno del JNE tendrá ahora la ardua y delicada tarea de analizar los expedientes uno por uno. Deberán dictaminar si existen pruebas irrefutables de fraude, vicios materiales graves o firmas falsas que justifiquen una medida tan extrema como anular la voluntad popular de miles de limeños. En 360 Global Cetil, seguiremos monitoreando de cerca cada decisión del tribunal supremo electoral. La contundencia legal y la transparencia con la que se resuelva este episodio serán claves para asegurar la gobernabilidad y aplacar la profunda polarización ciudadana.
